El equilibrio entre ciudadanos y empresas en la protección de datos.
Usted como experto en derecho – privacidad, ¿cómo ve el tema a nivel de las ciudades inteligentes?
La privacidad y el derecho al anonimato de los individuos en las ciudades inteligentes seguirán probablemente el mismo camino problemático que experimentarán en términos generales.
Por el lado de los individuos, una desidia bastante generalizada en la protección de su propia privacidad, volcando una cantidad inimaginable de información en redes y plataformas, para que sean almacenadas y usadas al socaire de políticas de privacidad de esas plataformas y redes. Esas políticas, virtualmente incomprensibles para el ciudadano común por lo extensas y complejas, en muchos casos directamente podrían denominarse “políticas de no privacidad”.
Algunos Estados van reaccionando con cierta lentitud y en algunos casos han aplicado multas muy importantes. Pero el negocio del manejo de la información es tan fabulosamente rico que esas sanciones son pequeñas mellas en un negocio gigantesco.
El dilema de las ciudades inteligentes es este, a mi juicio: ¿deben dedicar recursos y esfuerzo a proteger la privacidad de unos individuos que la estiman poco, como sucede en tantos casos? Y aquí la cuestión evade lo jurídico y se hinca en la zona de los principios. En mi opinión el dilema que mencioné se debe resolver, sin dudas, a favor del derecho del individuo a la privacidad. Si me permiten un ejemplo cotidiano: el Estado debe hacer campañas de salud alimenticia aunque a tanta gente le guste comer manteca, sal y grasas? Me inclino por la afirmativa.
Y con la privacidad sucede lo mismo. Las ciudades inteligentes deben cuidar ese aspecto, aunque los individuos no anden desvelados por su protección.
¿Qué forma tienen los ciudadanos y las empresas de equilibrar derechos?
La solución para los ciudadanos es la educación digital: información veraz sobre las verdaderas consecuencias y peligros de volcar indiscriminadamente información sensible. En la medida en que exista conciencia individual sobre eso y la misma sea canalizada, las empresas “leerán” esa realidad y accionarán para contemplar esas inquietudes. Lo mismo que está sucediendo con las empresas que entienden que ahora, debido a una suerte de “estado del alma” de los consumidores, sus marcas deben asociarse con tecnología limpia.
Desde su experiencia ¿hay algún país que esté logrando este equilibrio?
No tengo suficiente información como para contestar esta pregunta. Tengo entendido que las más altas multas que algunas empresas han enfrentado por mal tratamiento de datos personales han sido aplicadas por países de la Unión Europea.
Dr. Ricardo Mezzera.
Doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República, Uruguay. Vicepresidente del Colegio de Abogados del Uruguay por dos períodos e integrante de su Tribunal de Honor. Socio Fundados de la Asociación Uruguaya de Derecho Ambiental y de la Asociación Uruguaya de Derecho Aeronáutico y Espacial. Se especializa en las áreas jurídicas del transporte y del trabajo. Consultor.