Las “Smart Cities” mexicanas

En 2014, se edificarían la infraestructura, las instalaciones y la pavimentación del polígono de los complejos por un monto de 36.5 millones de pesos, de los cuales ya se habían pagado más de 18 millones. El 9 de abril de ese mismo año, se pagaron algo más de 4 millones de pesos a la firma Tacher Lichi Alberto como contratista de obras públicas (de un total de 13.6 mdp previstos), y el 25 de abril se entregaron 10 mdp más al fideicomiso de la Ciudad Creativa. A pesar de toda esta inversión, no se logró consolidar nada, pues se dio prioridad a la Línea 3 del Tren Ligero y el proyecto se fue relegando. La empresa Bosch —la primera compañía importante que se había instalado en la zona con una inversión de 25 millones de dólares— se retiró del lugar en 2017, ante la lentitud en la implementación. Las autoridades locales transformaron el proyecto de innovación y de reconversión social en planes inmobiliarios.

ESTO HA SIDO EL COSTO DE LA CIUDAD CREATIVA DIGITAL:

Pero eso no fue lo más crítico. Hubo irregularidades en el manejo de la CCD. De acuerdo con una investigación de 2018 del diario local NTR Guadalajara, escrito por la periodista Sonia Serrano en colaboración con 44Lab, la construcción del edificio principal se le había otorgado a una empresa fantasma. El domicilio registrado en el padrón de contratistas del gobierno estatal estaba en abandono cuando fue visitado en dos ocasiones, y que los dos domicilios que aparecían en la página web de la empresa eran pequeñas viviendas en la ciudad de Colima, donde sus habitantes no sabían nada de los constructores.

Una de las propuestas de campaña del actual gobernador jalisciense, Enrique Alfaro, que asumió el cargo en 2018, fue precisamente “limpiar” el proyecto y reactivarlo con un nuevo enfoque en tecnología de punta. No está siendo fácil, teniendo en cuenta que todavía hay pendientes otros proyectos millonarios como la Línea 4 del Tren Ligero, pero en septiembre de 2018, el grupo farmacéutico PiSA anunció su llegada a las instalaciones de la CCD con su Centro de Diseño y Desarrollo de Software.

Para entonces, el titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, David Zamora Bueno, anunció que en el sitio se harían distintas inversiones entre 2019 y 2020: para la adecuación del complejo se destinarían 16 mdp en la Torre A, 10 mdp a la Casa Baeza Alzaga y 12 mdp en la Torre C. Las compañías que se han instalado hasta ahora en la CCD, además de PiSA y una empresa pequeña de videojuegos, son el Centro de Innovación del Internet de las Cosas del Tec de Monterrey y la Universidad Tecnológica de Jalisco. En febrero, Alfaro dijo que en los dos edificios que ya están en operación, el 95% de los espacios ya están ocupados por diversas empresas “de la industria creativa, digital audiovisual y hasta de alimentos” (Expansión buscó entrevista con el gobierno del estado, y con el resto de administraciones públicas mencionadas en este artículo, pero no recibió respuesta). De momento, pese a ello, el proyecto está muy lejos de ser “un Silicon Valley mexicano”.

PUEBLA PIERDE SU ESTRELLA “SMART”

Puebla invirtió 11 mdp para lograr el primer Barrio Inteligente en el municipio de Atlixco. Se inauguró en 2018. Solamente un año después, se dieron a conocer las deficiencias del proyecto por falta de reinversión. El lugar trabajaba a 40% de su capacidad y no existían propósitos oficiales para extenderlo o darle mantenimiento.

De acuerdo con un recorrido hecho por El Sol de Puebla, “el cajero para el pago de servicios pasaba desapercibido, y la pequeña caseta sirvió para el graffiti”. Una parte incluso había desaparecido: “El tramo de la ciclovía en la calle Nicolás Bravo, la cual conduce del Zócalo a uno de los bulevares más importantes, fue levantado por un grupo de trabajadores del Ayuntamiento por órdenes superiores”. Aunque el planteamiento inicial buscaba “mejorar la calidad de vida de las personas con el mejoramiento de la infraestructura urbana in situ, añadiendo tecnología y comunicaciones, mobiliario smart y desarrollo económico”, el espacio se terminó convirtiendo en un área descuidada, donde el turismo no llegó y las cámaras de seguridad no funcionaban.

En 2019, el mayor congreso de tecnologías, Smart City Expo Latam Congress, que se había celebrado en Puebla durante cuatro años, anunció su cambio de sede hacia Mérida, Yucatán, mientras algunos diputados del estado denunciaban mal uso de los recursos para su realización. Y según la Díaz, del CIDE, los organizadores están buscando trasladar el evento a otros países. “Probablemente el día de mañana, ya ni siquiera vaya a estar en México, sino que se vaya a Colombia o Chile, que tienen más crecimiento de mercado”.

COZUMEL, LA OPORTUNIDAD PERDIDA

En 2015, el gobierno mexicano y el español —a través de la Secretaría de Turismo federal y la Segittur española— firmaron un convenio para convertir a Cozumel en el primer Destino Turístico Inteligente fuera de Europa. El plan original también contemplaba transformar en destinos inteligentes al pueblo mágico de Cholula y la Ciudad de México. Cozumel fue el único plan que despegó. Segittur, un ente que desarrolló el primer modelo de Destino Turístico Inteligente, elaboró para el gobierno de Cozumel un Informe de Evaluación y Plan de Acción, que fue entregado en 2016 a la administración municipal entrante. Pero bajo el argumento de no querer beneficiar sólo a los turistas, sino a la población en general, la alcaldesa entrante Perla Tun Pech dio carpetazo al proyecto con Segittur y puso en marcha la iniciativa Cozumel Smart Island/Isla Inteligente.

El propósito era volver más eficientes las prácticas y procesos relevantes entre gobierno municipal, ciudadanos, visitantes y turistas en uno de los sitios de mayor afluencia turística en el Caribe mexicano. Rodrigo Huesca Alcántara, quien fuera el coordinador de la Secretaría Técnica del Ayuntamiento de Cozumel, explicó a la Agencia Informativa Conacyt que “después del cambio de administración, se identificó que el recurso estaba maniatado con un proveedor cuyo trabajo se presentaba muy limitado. Por ello, se hicieron los cambios legales y administrativos pertinentes para, sin alterar los entregables ni el monto aprobados, poder realizar un proyecto mucho más ambicioso que permitiera la transición de Cozumel no sólo hacia un destino turístico inteligente, sino hacia una ciudad o isla inteligente”. Este nuevo proyecto fue desarrollado con el Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación (Fordecyt) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), uno de los fideicomisos desaparecidos por el actual gobierno federal.

Después de 14 millones de pesos invertidos, lo único que quedaron fueron cinco kioskos interactivos, un edificio con computadoras, un servidor, un alumbrado inteligente, una aplicación móvil plagada de fallas y una página web que ya no existe. Perla Tun Pech recorrió varios congresos, a nivel nacional e internacional, presumiendo un proyecto promesa. Al final de su periodo buscó la reelección y perdió ante Pedro Joaquín Delbouis. ¿Qué pasó con Cozumel Inteligente? Sigue esperando su dosis de inteligencia.

El problema ocurre cuando un gobierno se quiere adueñar de todo el proyecto, sin buscar alianzas, y no tiene la capacidad para llevarlo a cabo o darle seguimiento. “Sería viable obtener el interés del sector privado en patrocinios o inversiones que mejoren la experiencia del visitante y además generen externalidades positivas para los residentes locales”, señala Teresa Solís, experta en industria, turismo y desarrollo regional para Deloitte.

Esta especialista pone como ejemplo el trabajo realizado por la consultora donde trabaja y Cascais, en el área metropolitana de Lisboa, Portugal. Allí “se ha implementado un amplio portafolio de mejoras para realizar un uso eficiente de energías, pago remoto de parquímetros, reporte de incidentes, baches, fugas de agua, movilidad, logística de tránsito, información sobre servicios, estaciones de gasolina y carga eléctrica para automóviles, manejo de residuos, etc.”

Debido a lo anterior, Cascais ha podido enfrentar mejor la pandemia, gracias al “monitoreo del cumplimiento de medidas de distanciamiento social, la rápida incorporación de un sistema de reservación de citas para realizar pruebas diagnósticas de Covid-19 y un rastreo de las zonas con mayores contagios, en donde el servicio de transporte público requería hacer esfuerzos adicionales de sanitización”.

TEQUILA INTELIGENTE: OBJETIVO 2040

FOTOARTE: ESPECIAL

No todos los intentos para lograr una smart city mexicana han fracasado o se han abandonado. El municipio de Tequila, Jalisco, reconocido por ser la zona de origen de la bebida emblemática de México, también tiene los reflectores internacionales por el proyecto para convertirse en una ciudad inteligente. El plan tendrá un corte este año para ver los avances y la ruta a seguir con el objetivo de completarse en 2040. La pandemia retrasó para este 2021 varios de los pasos, como la certificación de Destino Turístico Inteligente por parte del Segittur de España, pero los trabajos siguen adelante.

Federico de Arteaga, director de Planeación de Grupo JB —una filial de la tequilera Jose Cuervo, enfocada en el desarrollo turístico y la filantropía— y miembro del comité de trabajo de Tequila Inteligente, señala que el proyecto está aún integrando todas las tecnologías. El Centro Histórico de Tequila ya estaba conectado. El plan es una inversión conjunta entre el gobierno y la iniciativa privada. Las últimas cifras que se dieron a conocer sobre la inversión planeada fueron dadas en 2014. La casa tequilera destinaría 50 millones de dólares tan sólo en la primera fase, que abarca un hotel de 95 habitaciones, un centro de convenciones, un centro cultural y un corredor comercial que también están en proceso de construcción, con miras a terminarse este año. Después se prevé invertir 200 millones de dólares en los próximos cinco años para “desarrollar un destino turístico cultural y sustentable”, indica De Arteaga.

A la par se desarrollan otros proyectos turísticos, como la ampliación del hotel boutique La Cofradía, con una inversión de 12 millones de pesos, y otras dos casas productoras de tequila, que ya se encuentran funcionando actualmente: Los Abuelos y Arette. Según De Arteaga, en 2020 la ciudad tuvo un repunte de 35% en el turismo, del 68% en su Población Económicamente Activa, del 31% en crecimiento en bienes y servicios, del 226% en visitas turísticas, y del 1,000% en inversión privada. También se redujo la pobreza en 61% y se aumentó la población en 10%. En la ciudad, la edad promedio es de 22 años, “con lo que el concepto de Smart City tiene la ventaja de implementarse mejor”, asegura.

En cuanto a financiamiento y utilidad económica, el especialista no da cifras concretas, pero destaca que no es complicado conseguir el primer financiamiento para un proyecto de esta naturaleza. “Lo que sí es complicado es mantenerlo durante 20 a 30 años, porque implica de 20% a 30% de la inversión inicial todos los años, que es lo que ha sucedido con muchas de las ciudades que han querido ser inteligentes, ya que empiezan por adquirir algo de tecnología que después no pueden mantener”.

“LO QUE SÍ ES COMPLICADO ES MANTENERLO DURANTE 20 A 30 AÑOS, PORQUE IMPLICA DE 20% A 30% DE LA INVERSIÓN INICIAL TODOS LOS AÑOS, QUE ES LO QUE HA SUCEDIDO CON MUCHAS DE LAS CIUDADES QUE HAN QUERIDO SER INTELIGENTES, YA QUE EMPIEZAN POR ADQUIRIR ALGO DE TECNOLOGÍA QUE DESPUÉS NO PUEDEN MANTENER”.

FEDERICO DE ARTEAGA, DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE GRUPO JB

¿Y cómo ha podido Tequila mantener su proyecto? Enrique de la Madrid, director del Centro para el Futuro de las Ciudades del Tec de Monterrey, apunta a dos elementos: la existencia del Consejo de Desarrollo Integral de Tequila (CODIT) —una asociación que junta a gobierno, iniciativa privada, academia y sociedad civil— y el empuje del empresario Juan Beckmann, presidente del Grupo JB y de Jose Cuervo. “En este caso, ha sido una comunidad que ha tenido esa capacidad, ese desarrollo institucional, y también ha tenido el apoyo de un empresario. Dan ganas que hubiera más empresarios que adoptaran sus comunidades, porque los municipios están muy fregados de dinero”. Y enfatiza: “Ahora sería un buen momento para que nos acercáramos a ciertos empresarios de la localidad para hacer esas inversiones que van a ser muy importantes en el tiempo, pero que hoy compiten contra cosas muy urgentes”.

De la Madrid también resalta la importancia del CODIT, pues lo que se requiere para este tipo de proyectos es “una visión de largo plazo que esté construida por el conjunto de la comunidad”, así como el involucramiento de los partidos de oposición, pues, finalmente, aunque no gobiernen hoy, lo pueden hacer mañana. “Necesitamos una gobernanza en la que todos participemos y todos nos amarremos, de otra manera, estamos sujetos a estos vaivenes políticos. Es una gran deficiencia que tenemos como país, es algo que nos ha costado muchísimo dinero y mucho bienestar, de ahí que necesitemos mecanismos colectivos de tomas de decisiones”, explica.

ADIÓS FIDEICOMISOS, ADIÓS “ZANAHORIAS”

La extinción de los fideicomisos, a propuesta del gobierno federal, implica un golpe al desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país. En el caso de las ciudades inteligentes, funcionan a partir de una triple hélice: gobierno, centros de investigación y empresas. “Si los centros de investigación que estaban dedicados a la tecnología, ahora de Conacyt, ya no están interesados en colaborar con la iniciativa privada, ahí se rompe esa triple hélice” dice Díaz, del CIDE. Esto deja todo en manos de los ofertantes y demandantes de tecnología, sacando de la ecuación un elemento importante en el estudio y desarrollo tecnológico.

Además, son precisamente estos fideicomisos —desarrolla Díaz— los que permiten a los gobiernos incidir para regular el mercado y, de alguna manera, obligar a seguir ciertas reglas de operación y lineamientos para conducir un poco los comportamientos. “Mientras no aparezca otro instrumento, se dejan las cosas a una lógica totalmente de mercado”, y el gobierno ya no tiene “prácticamente ninguna manera realista de incidir en las políticas”.

En el ámbito del desarrollo urbano, las competencias recaen en los gobiernos municipales, y los fondos condicionados —como el Fondo Metropolitano— servían para impulsar proyectos de ciudades inteligentes. “Desde arriba puedes hacer regulaciones y políticas, y el objetivo es que la gente responda a eso. Eso no lo logras si no tienes una zanahoria (como los fondos condicionados)”, comenta la profesora del CIDE. Esto, aunado a una carencia de estrategia de innovación e impulso de las tecnologías a nivel nacional, hará que los proyectos de ciudades inteligentes terminen en “discursos de buenas intenciones”.

Bajo este contexto, Enrique de la Madrid hace un llamado a las entidades federativas a que asuman una visión más amplia de su tarea y responsabilidad. “Quizá también hicimos Estados un poco menores de edad con un sistema centralista en los hechos”, dice. Mientras tanto, la tendencia internacional se dirige a que las ciudades comiencen a tener un mayor empuje incluso que los propios gobiernos federales. “Y ahí es donde también vas a aumentar los impuestos, pero para destinarlos a tu Estado, ya no para mandárselos a la Federación, y a ver a dónde van a dar. Este impuesto que te voy a cobrar se queda en el Estado, para el desarrollo de la ciencia”, propone De la Madrid. “No nos tenemos por qué atrasar todos. Que se atrase el que no entienda que es el momento, aprovechar un poco esta ausencia de la federación para hacer nuevo camino”, continúa De la Madrid, quien acota que no se trata de dividir al país, sino de apuntar a hacer proyectos regionales.

LECCIONES APRENDIDAS PARA MÉXICO

Para la elaboración de este reportaje, se enviaron 21 solicitudes de información respecto a las siguientes ciudades y proyectos: Puebla: Smart City y Barrio Smart en Atlixco; Jalisco: Tequila Inteligente y Ciudad Creativa Digital; Quintana Roo: Smart Island Cozumel; Querétaro: Smart City en Ciudad Maderas; Baja California: inversión en ciudad inteligente, así como CDMX: Inversión en vivienda e infraestructura inteligente. Posteriormente, se reenviaron cerca de seis meses después. Hasta el momento, no ha habido respuesta.

Esta falta de transparencia es precisamente uno de los obstáculos que impiden el desarrollo de las ciudades inteligentes en México. Se inyectan sumas significativas de dinero a proyectos e iniciativas sobre smart cities, sin resultados satisfactorios. Bajo la opacidad, ¿quién o quiénes tienen que rendir cuentas? En tanto, la celeridad con la que gobiernos estatales y municipales buscan subirse a la ola de las ciudades inteligentes y colgarse la medalla no permite elaborar una estrategia sólida y a largo plazo, que incluya la cooperación entre los sectores público y privado, la academia y la sociedad para garantizar la sostenibilidad de los proyectos a través de los cambios en las administraciones públicas.

Debido a lo anterior, en muchos casos, el resultado es la adquisición de una colección de soluciones tecnológicas no articuladas entre sí, sin la capacidad de responder a las necesidades más apremiantes de las ciudades. ¿Venden y son decorativas? Sí. ¿Funcionan? No. Por eso, es importante desmitificar que una ciudad inteligente es un cúmulo de tecnología, y que entre más aparatos y sistemas sean implementados, mejor. “Hay que meter aquellos que sean necesarios y se pueda, pero el fin debe ser atender mejor a la población, no simplemente decir que somos tecnológicos, ya que las inversiones se pudieran estar dando en lugares equivocados. No te hace inteligente la tecnología, pero sí te ayuda a tomar decisiones inteligentes”, explica De la Madrid.

Adicionalmente, existe un problema que es necesario atender. El concepto de smart cities no nada más es un horizonte deseable, sino que se junta con un mercado en potente crecimiento. “Y esa es la peor mezcla en un país como México, donde nuestras ciudades no son planeadas, sino guiadas por la lógica del mercado. Es un escenario difícil para que entren los proyectos y, en lo que acaban, es que llega un ofertante con tecnología y un presidente municipal con dinero para gastar”, explica Díaz. Por ello, se gasta dinero en soluciones que no atienden problemas de políticas públicas identificados apropiadamente, o se compran soluciones tecnológicas que quedan rápidamente obsoletas.

Sin la existencia de estándares mínimos para denominar a una ciudad ‘inteligente’, sin un marco regulatorio, sin transparencia y rendición de cuentas, proyectos de esta envergadura están destinados a convertirse en espejismos y promesas fallidas, dilapidando el desarrollo económico, social y sustentable de los municipios de México. Una smart city no es una etiqueta, sino un concepto. Como enfatiza Federico de Arteaga: es un proceso, y no se da por decreto.